jueves, 5 de diciembre de 2019

NUESTROS MÉDICOS Y ENFERMEROS SE QUEDAN

La Plataforma "Este pueblo no se vende" exige a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, la retirada del modelo de asistencia sanitaria en el medio rural elaborado y presentado recientemente por la Junta porque supondría el cierre de 2.215 consultorios en toda la comunidad, 6 de cada 10, dejando a los municipios de menos de 200 habitantes sin consultorio médico.  

Desde varias instancias y grupos políticos de Castilla y León se ha denunciado ya que el nuevo modelo que se desea implantar la Junta nace sin diálogo ni consenso y supone un recorte salvaje a la sanidad pública en términos económicos y de prestación de servicios. 

Con tan solo el apoyo del gobierno conservador de la comunidad conformado por PP y Cs no se ha contado con la participación de ni una sola organización sindical ni profesional.  El modelo se quiere sostener con la mitad de las plantillas y aleja los consultorios de agrupación del medio rural ya que los pacientes tendrían que desplazarse a una distancia de media hora o más en coche particular.  Será sin duda el último remate para la afianzar la tendencia del vaciado del medio rural que durante más de 20 años no ha revertido la Junta.  El nuevo modelo presentado hace unos días es un “trampantojo” lleno de medias verdades y que, en su conjunto, configura el mayor desmantelamiento de la historia de los servicios sanitarios en esta comunidad.

Desde esta plataforma instamos a todos los pueblos de Castilla y León a defender los consultorios médicos, a sus médicos y a sus enfermeros y, en definitiva, a defender una sanidad universal y gratuita para todos.

jueves, 4 de diciembre de 2014

PLAZA CONCEJO ABIERTO

Los Concejos Abiertos son a la realización de asambleas por parte de los vecinos y vecinas, donde se trabaja el autogobierno y se toman las decisiones sobre el patrimonio y sobre las cuestiones que afectan a la comunidad. En otras  palabras, los Concejos Abiertos son verdaderos ejemplos de democracia real participativa, son escuelas políticas de base autogestionadas por la vecindad donde la mujer tenía derecho a voto (varios siglos antes de que el Estado Español, y otros estados lo permitieran). Las decisiones más importantes sobre sus bienes vitales (montes, agua, caminos…) se tomaban  oyendo la voz de toda la vecindad sin excepción.

En el subconsciente de las personas de los pueblos siempre se entendía el concejo como una reunión para organizar el trabajo en espacios comunes, que, a su vez, disfrutaban de los beneficios realizados por el Concejo Abierto. “El concejo lo formaban los vecinos del pueblo. En cuanto se formara una casa aparte ya tenía que ir al concejo un representante de esa nueva casa" como contaban en un pueblo de Sanabria.

El Concejo Abierto no trataba solo de satisfacer las necesidades materiales de una determinada localidad, sino que también las necesidades humanas psicosociales, de tipo inmaterial, la de apego, identidad, afecto, compañía y cariño, de generosidad y servicio desinteresado, hoy casi por completo desaparecidas, según  Justa, vecina de Puebla de Sanabria de casi 100 años de edad "hoy prevalece el quítate tú para ponerme yo, al no haber  amor a nada ni nadie. Cada uno va lo suyo y solo se centran en lo material. Se está perdiendo la hermandad ya que antes los vecinos eran como hermanos y si ocurría algo en una casa todas las personas acudían para ayudar".  De estas palabras se puede deducir que el calor colectivo ha sido sustituido por el frío individualismo y falsa libertad.  

Los Concejos Abiertos son el fruto de un largo proceso de organización, cultura y administración territorial ancestral donde la mujer y el hombre, enraizados en su tierra,  coexistían mediante un vínculo de unión entre la naturaleza y sus pobladores humanos que se ocupaban y preocupaban por ella, ya que dependían de esta para vivir.

Supresión de servicios y expolio económico en los municipios rurales

Os invitamos a leer este artículo publicado en Publico.es
En medio de la cacofonía de una corrupción política rampante está pasando desapercibida la aplicación de la Reforma Local de 2013, que para los municipios rurales va a significar su liquidación por tiempos. Primero les someten a un control presupuestario exacerbado pese a su inexistente o escaso déficit, después les retiran las competencias en los servicios públicos básicos y anulan su capacidad de iniciativa económica, y por último atribuyen a las Diputaciones provinciales el control de estas competencias que se convertirán en objeto de negocio privado.
Ante este inmenso expolio cabía esperar una fuerte respuesta ciudadana y de sus representantes, una verdadera rebelión que, ante las próximas elecciones municipales, hubiera puesto contra las cuerdas al Gobierno central y a sus correligionarios locales, pero tal nivel de respuesta no se ha producido. A pesar de la creación de normas interpretativas por parte de numerosas  comunidades autónomas y de la presentación de diez recursos de inconstitucionalidad  (el último por casi 3000 municipios)  la Reforma Local se aplica como en la “parábola de la rana hervida”cuando se quieran dar cuenta, los municipios rurales se habrán quedado sin sus servicios básicos y sin sus recursos económicos.
Por su impacto político, esta reforma implica la liquidación de la autonomía local. Con la justificación de un control del déficit de los municipios rurales  (a efectos de esta reforma los menores de 20.000 habitantes)  se despoja a los ayuntamientos de su principal función política: ser la primera instancia de atención a los ciudadanos. En un país donde unos 6700 municipios pueden considerarse rurales  (de ellos un 60% de pequeño tamaño: menores de 5000 habitantes)  los alcaldes y demás electos locales verán reducida su iniciativa política a gestionar algunas competencias menores  (los parques, las bibliotecas y los cementerios).
Aunque la autonomía de los municipios forma parte del ordenamiento constitucional (artículos 137º, 140º, 133º y 142º)  se pretende con una ley ordinaria  (Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) abolir sus competencias centralizándolas en administraciones de “rango” superior, lo cual para los municipios rurales significa una expropiación competencial prácticamente total. Claramente, se lleva a cabo una verdadera “acción destituyente” de la autonomía municipal, especialmente en el medio rural, con lo que cuando se produzcan las sentencias del Tribunal Constitucional y aun siendo favorables la “rana estará bien hervida”.

Las consecuencias políticas de esta iniciativa parecen evidentes:  Se liquida la ya de por sí escasa democracia local participativa. De este modo, se vuelve a una especie de “neofeudalismo” ejercido por las corporaciones concesionarias de la prestación de los servicios básicos expropiados a los municipios rurales, a las que las diputaciones provinciales entregarán la gestión de partes enteras del territorio. Es más que probable que la búsqueda de rentabilidad conduzca a estas corporaciones, bien a la prestación a precios muy elevados de determinados servicios públicos o a su eliminación pura y simple, reforzando así el despoblamiento y la desertización rural.
Por su impacto social, esta reforma encubre un recorte estratégico del estado de bienestar. Para ello se consolidan tres categorías de competencias (“propias”,“puestas en cuestión” e “impropias”) Por lo que se refiere a los municipios rurales,  las primeras se reducirán drásticamente, mientras que las demás simplemente desaparecerán. Este severo recorte competencial dejará a los electos sin su actividad más genuina: la atención primaria a las condiciones sociales del espacio público local. Y todo ello justamente cuando un número creciente de ciudadanos se ha visto golpeado por el paro, la pobreza o la exclusión social.

La supresión generalizada de estas competencias a los ayuntamientos rurales sitúa a las diputaciones provinciales y a las  comunidades autónomas como responsables directos de la prestación de estos servicios públicos.  Pues bien, si las diputaciones del régimen común son fuertemente deficitarias y las comunidades autónomas están altamente endeudadas ¿cómo podrán hacerse cargo de ello? La respuesta es clara:  prestarán solo aquellos servicios a los que estén obligados, hasta donde les alcance su capacidad de financiación. Más exactamente, dependiendo de las transferencias de los ayuntamientos rurales a las diputaciones por los gastos asociados a los servicios públicos básicos (más de dos tercios de los ingresos por “tributos propios” de estos ayuntamientos, esto es, más de 5000 millones de eu.).

El resultado de esta reforma supone un recorte estratégico de los servicios sociales, si bien, dado el calendario de aplicación de la Ley, no se manifestará hasta después delas próximas elecciones locales y autonómicas de 2015.  En concreto: se producirá una pérdida notable de calidad de los servicios derivados de las competencias “propias”, con objeto de reducir su coste efectivo facilitando la rentabilidad de las empresas privadas concesionarias y se suprimirán los servicios públicos vinculados a las competencias “puestas en cuestión” y a las “impropias”,  precarizadas por la indefinición de la obligatoriedad en su prestación o directamente por su falta de asunción por parte de las comunidades autónomas. Por tanto, lo que se provoca directamente es un grave retroceso del estado de bienestar en el medio rural.
Finalmente, por su impacto en el desarrollo territorial, esta reforma ocasiona un grave retroceso en nuestro desarrollo rural. El principal motivo es que se configura un nuevo modelo de gestión del territorio, en el que las entidades locales del medio rural perderán su relevancia. De un modelo capilar constituido por miles de núcleos de decisión (los Ayuntamientos y las entidades menores)  se vuelve a un modelo basado en una sola unidad centralizada de gestión por provincia (la diputación o entidad equivalente)  Las unidades territoriales comarcales de prestación de servicios (mancomunidades de municipios) quedan debilitadas o relegadas. Todo ello supone el reforzamiento de una articulación político-administrativa del territorio contraria al desarrollo rural.
En realidad, tras la reforma, los municipios rurales se convertirán en unidades territoriales muy debilitadas, sin apenas capacidad de gasto. Por lo que estos municipios, que tradicionalmente eran considerados entidades públicas de importancia económica en las zonas rurales, por su nivel de consumo, empleo e inversión, van a ver muy reducida su iniciativa económica. Una vez comprometida la mayor parte de sus recursos propios para el pago a las diputaciones -empresas concesionarias, por los servicios obligatorios prestados, toda nueva iniciativa dependerá de las inversiones y ayudas transferidas desde otras administraciones. Miles de municipios verán desaparecer en muy breve plazo su papel de núcleos promotores de desarrollo rural.
Este efecto será especialmente grave, cuando lo que procedía era integrar plenamente a los municipios rurales como beneficiarios principales de las políticas rurales, en particular de las provenientes de la Unión Europea. Para este fin, por el contrario, lo que se necesitaba era el reconocimiento político-administrativo de las zonas rurales (“comarcas”) como unidades territoriales de referencia para la prestación de los servicios municipales básicos y para la aplicación de las políticas rurales nacionales y europeas. Habría que configurar un sistema territorial formado por comarcas, con plena legitimidad democrática para promover planes de desarrollo multisectoriales y plurianuales.

En consecuencia, esta Reforma Local supone la liquidación de los municipios rurales, pues constituye un atentado muy grave a la autonomía local, al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y al propio desarrollo del medio rural. Por todo ello, sería preciso derogarla cuanto antes, y en su lugar cabría adoptar medidas como la supresión de las diputaciones provinciales y la revisión del régimen económico-financiero de las haciendas locales, en particular por lo que se refiere al aumento delos ingresos fiscales rurales y a la creación de incentivos fiscales especiales para estos municipios. Porque es imposible creer las enfáticas propuestas del PP en defensa de la Constitución, cuando proceden a la voladura controlada de la autonomía y la democracia local,  pilares esenciales de nuestro sistema constitucional.

Autores:
José Antonio ErrejónAdministrador Civil del EstadoFrancisco Ramos Antón
Funcionario de la Administración LocalJesús G. RegidorProfesor de la Universidad Autónoma de Madrid

PORQUÉ DEFENDER LOS PUEBLOS


lunes, 21 de abril de 2014

ESTE PUEBLO NO SE VENDE EN VILLALAR DE LOS COMUNEROS

Queridos amigos, 

Nos ponemos en contacto con personas, agrupaciones, asociaciones y ayuntamientos que se posicionan en contra de la reforma local para convocaros  tras la pancarta "Este pueblo no se vende", a la entrega floral en Villalar de los Comuneros el día 23 de Abril.

Para ello, nos hemos dado cita en la carpa de CAVECAL (Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León) situada a la derecha según se mira al escenario dentro de la campa a las 11:15 h. y estaremos en la carpa hasta las 14:30 h.  
Queremos que esta cita sirva como punto de encuentro de todas las personas de Castilla y León que están en contra de esta reforma que hará que nuestros pueblos mueran un poco más y poder organizar próximas acciones juntos para amplificar al unísono nuestra causa.
Esperamos que lo difundáis y nos encontremos en Villalar de los Comuneros.
Plataforma vecinal en defensa de los pueblos con la campaña "Este pueblo no se vende"