Queridos amigos,
aquí tenéis la moción en defensa y apoyo de los pueblos, contra la Ley Montoro, que han hecho nuestros compañeros del asociacionismo vecinal vallisoletano; se presentará en la Asamblea de la Federación Vecinal de Valladolid que aglutina a la mayoría de asociaciones vecinales de su ámbito de acción.
Este apoyo demuestra que el ataque a los pueblos, explícito en tan aterradora ley, no es sólo asunto del medio rural, sino que se ve también con indignación desde ámbitos urbanos. Todos somos los pueblos, y todos tenemos mucho que perder con el abrumador desprecio que el Gobierno de España nos dedica.
Queridos compañeros de la Federación Vecinal de Valladolid, os agradecemos mucho la iniciativa (gracias, Demetrio, y gracias a la impagable labor de concienciación que ejerce la gente de la Tierra de Campos palentina). Desde nuestra humilde posición, pero firme compromiso contra esta gran injusticia, os animamos a todos los miembros de la asamblea a aprobar la moción en defensa de los pueblos.
“LA
LEY MONTORO CONTRA LA DEMOCRACIA DIRECTA Y POR LA PRIVATIZACIÓN DE LOS RECURSOS
PUBLICOS”
MOCION DE APOYO A LA PLATAFORMA
VECINAL EN DEFENSA DE NUESTRTOS PUEBLOS
Con el engañoso título de “ley de racionalización y sostenibilidad
de la administración local y aprovechando la coyuntura de la crisis económica
el gobierno ha elaborado y sacado con su mayoría en el parlamento una ley que
tiene todos los visos de ser la puntilla que certifique la desaparición
definitiva del medio rural. Habiendo hurtado o
falseado el debate público del proyecto de ley, éste fue aprobado en el
parlamento el pasado 27 de diciembre y
sus nefastas consecuencias ya comienzan a notarse. Vecinos de zonas
que se verán muy afectadas por esta ley, llamada ley Montoro, han tardado en movilizarse
pues no podíamos creernos que fuera posible que esta ley se terminase
aprobando. Se han empezado a
crear varias plataformas vecinales en defensa de los pueblos y de su patrimonio
público y para intentar la derogación de la ley intentando desmontar las
falacias de la argumentación de esta ley.
Los
artículos de la LEY de “Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local” vienen certificar que:
§ Las competencias propias de los ayuntamientos se reducen
drásticamente.
§ Imposibilidad de desarrollar competencias distintas a las propias y
las delegadas, salvo que lo autorice la Junta y lo pague el Ayuntamiento,
siempre “sin poner en riesgo la hacienda municipal”.
§ Las Diputaciones provinciales tienen un enorme poder de coordinación,
fiscalización y tutela, pudiendo asumir la prestación de servicios, supervisado
siempre por el Mº de Hacienda.
§ Las Comunidades Autónomas se van a tener que hacer cargo de todos los
servicios sociales que ya no pueden prestar los Ayuntamientos o serán los
responsables de su cierre: Residencias, centros de día, guarderías y escuelas
infantiles, etc.
§ Se fomenta la fusión de municipios.
§ No reconoce plenamente como entidades locales a las entidades locales
de ámbito inferior al municipio (juntas vecinales, pedanías etc.)
§ Las mancomunidades deben ajustar sus estatutos para no incurrir en
causa de disolución, y solo podrán realizar las competencias que se las
asignen.
LAS JUSTIFICACIONES QUE DA EL
GOBIERNO:
Reducir y controlar más el
gasto público de los Ayuntamientos, porque se argumenta que estos gastan mucho
dinero.
Eliminar competencias de los
Ayuntamientos para prestar Servicios, porque hoy se repiten o duplican los
Servicios y cuanto más se agrupen estos, más baratos saldrán. En consecuencia
que los Servicios los preste una sola Administración: las diputaciones o la
Junta.
PERO LA REALIDAD ES BIEN
DISTINTA:
§ ¿Reducir de dónde?
- Si Los
Ayuntamientos pequeños basan su gestión en la austeridad, ni gastan mucho, ni
generan deuda y se buscan la vida para mantenerse. Además el 83% de los
concejales y alcaldes no cobran nada.
- Si
entre todos los Ayuntamientos solo tienen el 4% de la deuda global de todo el
Estado Español. Y la gran parte de esa deuda la contraen los grandes
municipios, que invierten en grandes infraestructuras y entre Madrid,
Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Zaragoza, tienen la mitad de esa deuda.
§ ¿Concentrar competencias para
qué?
- Si
quien mejor conoce sus necesidades son los propios vecinos y la Administración
local siempre ha respondido en función de las necesidades urgentes y
prioritarias de los vecinos…
- Si
la administración más cercana a los vecinos aplica una economía de Proximidad y
Cooperación, que es más eficaz y más barata ¿para qué nos quieren imponer una
economía de concentración como en los grandes ayuntamientos urbanos?
- Si
lo que se quiere es privatizar la gestión de los servicios públicos y sociales
y hacer negocios con las grandes empresas que quieren hacerse con ese mercado
de los servicios públicos y sociales ¿Para qué nos mienten? Ya sabemos que todo
lo que se privatiza al cabo de poco tiempo es mucho más caro
LAS CONSECUENCIAS PARA
NUESTROS PUEBLOS Y NUESTROS VECINOS:
§ Cada vez más recortes y
deterioro de los servicios. Se pierde la capacidad de dar respuestas a las
necesidades de los vecinos desde los Ayuntamientos: educación, sanidad,
asfaltado, alumbrado, accesos, agua, abastecimiento, educación de adultos,
guardería, biblioteca, etc. Dependen de las Diputaciones o de las Comunidades
Autónomas.
§ También la gestión de los
servicios sociales que hasta ahora prestaban los ayuntamientos y diputaciones,
(Ayuda a domicilio, residencias, reinserción social….) pasan a las Comunidades
Autónomas.
§ Los vecinos no podremos elegir
a los que nos van a administrar, puesto que los cargos de las Diputaciones no
se votan y se nombran a dedo por los partidos políticos sin consultar al
pueblo.
§ Sin capacidad de decisión
directa, de hecho supone la desaparición de la autonomía local. Los vecinos y
los Ayuntamientos no tenemos derecho a decidir sobre nuestros bienes comunales
y recursos, aunque los tengamos...
§ Grave riesgo de pérdida de
nuestro patrimonio común, que va a ser administrado por otros a quienes no
elegimos, y que pueden negociar con empresas multinacionales muy interesadas en
hacerse con nuestras tierras…
§ Los vecinos no vamos a
controlar a las empresas que nos den los servicios públicos…En resumen los
vecinos no controlamos, ni decidimos nada…nula participación, menoscabo de la
esencia democrática.
§ SI todo lo que no es rentable
económicamente se suprime y lo que puede serlo se privatiza ¿A dónde vamos a ir
a parar? ¿Cómo se puede desde el Estado utilizar criterios comerciales para dar
servicios públicos?
La realidad es que las grandes
empresas de servicios se están preparando concienzudamente para comenzar a
asumir la gestión de los servicios públicos y sociales en el medio rural.
§ La ley solo habla de
Sostenibilidad presupuestaria y económica, pero Los pueblos también somos
territorio, somos personas, tenemos montañas, ríos, memoria, cultura y gracias
a nosotros se asegura la sostenibilidad social, territorial y ecológica desde
hace siglos... NO podemos permitir que se apropien de lo nuestro.
Los habitantes de los pueblos
tenemos que pensar que detrás de todo esto no hay más que una intención
privatizadora y expoliadora de los recursos públicos de tierra, agua y paisaje
y hacer negocio con nuestras necesidades básicas. Y hacer desaparecer el modelo
rural que durante siglos y de manera responsable ha conseguido mantener una
gestión responsable del medio ambiente y producir alimentos sanos para los
ciudadanos urbanos y rurales. Nos preocupa también que se esté
apostando por la desaparición de estructuras de participación democrática
directa como las juntas vecinales, concejos abiertos, y depositando dicha
gestión en estructuras menos cercanas a los ciudadanos y más fáciles de
manipular para que sean las empresas privadas y no los ciudadanos quienes
terminen asumiendo las decisiones. Por
este motivo y entendiendo que el ataque a lo público que supone esta ley, forma
parte de un mismo objetivo de enajenación del protagonismo de la ciudadanía,
pedimos a esta asamblea de la federación de asociaciones vecinales que
compartan nuestra preocupación y rabia aprobando esta moción de apoyo a la
plataforma, con el compromiso de apoyar las actividades que se promuevan de oposición a la aplicación
de la ley Montoro.
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